México
Según el Registro nacional de datos de personas extraviadas o desaparecidas, hasta el 21 de septiembre de 2023, en México, se ha denunciado la desaparición de 111 521 personas como consecuencia de un delito o actividad criminal.
Teniendo en cuenta que muchos casos no se denuncian y la falta de estadísticas exhaustivas a nivel nacional, es probable que esa cifra sólo ofrezca una visión parcial de la situación: las desapariciones diarias son un hecho en México.
Las desapariciones reflejan el creciente nivel de violencia de violencia utilizada por el crimen organizado para responder a la estrategia gubernamental de seguridad militarizada, así como la violenta represión aplicada por grupos estatales o privados que compiten por el control de los mercados ilegales, los recursos naturales y la tierra. Se calcula que más de 150 000 personas han sido asesinadas en México entre 2006 y 2018 y, según el Centro para el monitoreo del desplazamiento interno, hasta diciembre de 2020, más de 357 000 han sido desplazadas internamente como consecuencia de la violencia. La migración desde Centroamérica también ha impulsado un repunte de las desapariciones violentas entre los migrantes.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), una ONG que trabaja con ICMP, recopiló datos sobre personas desaparecidas en Nuevo León y, en 2017, la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) los analizaron y concluyeron que al menos el 47 % de las desapariciones en Nuevo León fueron cometidas por autoridades estatales y el 91 % de las víctimas no tenían ninguna relación con el crimen organizado. En todo el país, el 75 % de las personas desaparecidas son hombres y el 25 % mujeres. Los estados de Jalisco, Tamaulipas y Estado de México tienen las cifras más altas de desapariciones, mientras que Nuevo León es uno de los municipios con la mayor tasa de personas desaparecidas per cápita.
La desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, en 2014, dio visibilidad al problema de las personas desaparecidas. En 2017, el Movimiento por nuestros familiares desaparecidos en México (MovNDmex), que reúne a colectivos de familiares de las personas desaparecidas y a numerosas OSC, logró la aprobación y entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.
Esta Ley general prevé marcos penales y administrativos para sancionar a los responsables de las desapariciones, y establece el Sistema Nacional Búsqueda, integrado por una Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una Comisión de Búsqueda en cada uno de los 32 estados, y otras agencias, incluida la Conferencia de Fiscales y el Consejo Ciudadano. En 2021, gracias a la movilización de los familiares de las personas desaparecidas, el gobierno de México, en colaboración con las Naciones Unidas, estableció un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense compuesto por siete expertos, tanto del país como extranjeros, en cuestiones forenses, jurídicas, psicosociales y de cooperación internacional, para desarrollar estrategias que permitan hacer frente al gran número de fosas comunes que aún no se han excavado y a los más de 52 000 restos sin identificar en todo el país.
Con el liderazgo de la CNB, establecida formalmente en 2019, los esfuerzos para resolver los casos de desapariciones han sido más visibles y contundentes. Además, con la creación del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) en Coahuila y, más recientemente, del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en Morelos, la CNB promueve la obtención de muestras de referencia de familiares y un programa de exhumación masiva de cementerios y fosas comunes para proceder al examen y la identificación de restos humanos no identificados en poder del Estado.
De diciembre de 2018 a julio de 2022, ICMP participó en un programa de cuatro años para ayudar a las autoridades de Nuevo León a través del proyecto «Justicia para los desaparecidos en Nuevo León» concebido en colaboración con la CADHAC y con financiamiento de USAID.
El proyecto CADHAC-ICMP mejoró la capacidad institucional de Nuevo León para cumplir con la Ley general de personas desaparecidas, mejoró la infraestructura de procesamiento de datos, reforzó los procesos forenses para personas desaparecidas, incluida la identificación basada en ADN, y fortaleció la promoción de las organizaciones de víctimas. Además, ICMP brindó asistencia directa para colmar brechas críticas en las capacidades de antropología forense en casos de gran complejidad en 2022 y, con la Fiscalía General de la República, lanzó una versión personalizada del OIC para mejorar la comunicación con las familias de las personas desaparecidas y promover la transparencia.
Entre julio de 2021 y agosto de 2022, ICMP amplió sus actividades en México para asistir a la Fiscalía General de la República a través de un proyecto piloto de 10 meses financiado por USAID. A través de este proyecto, ICMP apoyó la adopción de dos nuevos métodos de extracción de ADN que fueron validados y lograron mejores resultados en la obtención de perfiles de ADN.
