Asistencia a la Justicia

ICMP ayuda a las autoridades nacionales e internacionales a ejecutar procesos sobre casos de personas desaparecidas que inculquen normas plurales y democráticas. Los Estados tienen la obligación, de conformidad con la legislación nacional e internacional, de llevar a cabo investigaciones efectivas sobre el paradero de las personas desaparecidas y las circunstancias en las que desaparecieron. 

Además, el Derecho internacional humanitario exige a las partes en conflictos armados que faciliten las investigaciones sobre las personas desaparecidas como resultado de las hostilidades. La obligación del Estado a llevar a cabo investigaciones efectivas sobre las personas desaparecidas es una garantía procedural reconocida del derecho a la vida. De ello se desprenden una serie de derechos, incluido el derecho a la verdad y el derecho a la justicia.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHCR por sus siglas en inglés) ha declarado que la comunidad internacional debería comprometerse a “reconocer el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como a sus familias y a la sociedad en su conjunto, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en la máxima medida posible”. Aquellos cuyos derechos humanos han sido violados tienen derecho a toda la información posible en cuanto a las circunstancias relativas a los abusos de derechos humanos. Además del derecho a la verdad, se debe garantizar el derecho a la justicia.

ICMP asiste a las instituciones, incluido el sistema de justicia penal nacional e internacional, proporcionando sus capacidades para realizar pruebas periciales y otras prácticas forenses especializadas, incluidos testimonios, denuncias y declaraciones.

ICMP ha prestado testimonio en el ámbito arqueológico y en su labor en la identificación de personas en múltiples casos ante tribunales nacionales e internacionales.

Cuando ICMP proporciona asistencia operativa para localizar e identificar a las personas desaparecidas también elabora informes rutinarios sobre su trabajo destinados a los tribunales competentes y otras autoridades que participan en el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas. Estos informes rutinarios a menudo consisten en conjuntos de documentos utilizados por ambas partes en los juicios penales en la defensa de los casos y, por consiguiente, son confidenciales.

ICMP también ha prestado declaración para consideración por las partes en juicios penales, incluyendo la explicación de sus políticas, como la política de procesamiento y protección de datos, y de sus procedimientos técnicos, como los análisis antropológicos, el trabajo arqueológico sobre el terreno y la identificación por ADN.

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