Argentina
Durante el periodo de régimen militar en Argentina, entre 1976 y 1983, entre 15 000 y 30 000 personas fueron asesinadas por el régimen. Unos 500 bebés que nacieron en prisiones y campos de concentración fueron separados de sus madres y adoptados ilegalmente.
Inmediatamente después de su creación en 1979, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) investigó y documentó más de 5000 denuncias de desapariciones forzosas.
Raúl Alfonsín, el primer presidente democráticamente elegido tras el retorno al régimen civil, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) poco después de asumir su cargo en diciembre de 1983.
En 1984, la CONADEP elaboró un informe de 50 000 páginas, titulado Nunca más, con testimonios de supervivientes de las desapariciones, torturas y ejecuciones bajo el régimen militar.
El informe documenta 8961 muertes y desapariciones entre 1976 y 1977, explica cómo los militares administraron 300 centros de detención clandestinos y revela la ubicación de fosas comunes en todo el país.
El Proyecto desaparecidos reúne a diversas organizaciones de derechos humanos y activistas que trabajan para mantener viva la memoria de las personas desaparecidas y que buscan justicia.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo fue creada por un grupo de mujeres que trataban de descubrir qué había sido de sus hijos. El movimiento creció con el aumento del número personas desaparecidas y empezó a organizar manifestaciones que se convirtieron en centro de atención a nivel nacional e internacional.
Las Abuelas de la Plaza de Mayo se centra en localizar a bebés robados y adoptados ilegalmente durante el régimen militar.
A finales de 2022, se habían identificado 131 niños y niñas robados durante la dictadura.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fue creado en 1984 para investigar las desapariciones durante el régimen militar.
Jorge Videla, que dirigió el régimen militar entre 1976 y 1981, fue sentenciado a cadena perpetua en 1985 y otros altos mandos militares fueron sentenciados a penas de prisión largas por su participación en el abuso de derechos humanos, incluyendo asesinato, tortura y desapariciones forzosas. Posteriormente, el entonces presidente Carlos Menem los perdonó. Néstor Kirchner, presidente de Argentina entre 2003 y 2007, derogó la Ley de obediencia debida, que otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad por los crímenes cometidos durante el régimen militar y la Ley de punto final que, de la misma manera, otorgaba inmunidad a las personas acusadas de violencia política durante la dictadura. Entonces, Videla y otros encausados volvieron a prisión. Videla murió en la cárcel en 2012. En 2019, otras 19 personas fueron sentenciadas a penas de prisión larga por su implicación en crímenes contra la humanidad durante la dictadura, incluidas las desapariciones forzadas.
