Brasil
Se produjeron violaciones de los derechos humanos, bajo la dictadura militar, entre abril de 1964 y mayo de 1985. La ley de Amnistía de 1979 protegía a los responsables de los crímenes políticos cometidos por el régimen y contra el mismo.
En febrero de 2018, se anunció la primera identificación en el marco de un esfuerzo multidisciplinar para identificar a los opositores del régimen que habían sido enterrados en una fosa común en Sao Paulo entre 1971 y 1975. La identificación del cuerpo de Dimas Antonio Casemiro fue confirmada tras el análisis de muestras biológicas que Brasil envió al sistema de laboratorios de ICMP.
En otras partes de Brasil, las familias estuvieron décadas luchando para que las autoridades investigasen la desaparición de sus seres queridos durante la insurgencia armada contra el gobierno militar entre 1967 y 1974 en la cuenca del río Araguaia, en el centro de Brasil. En 2011, un grupo de trabajo federal retomó la labor de las familias para localizar los cuerpos de los rebeldes desaparecidos. La Comisión Nacional de la Verdad, creada por la entonces presidenta Dilma Rousseff, condenó los abusos cometidos por los militares y una comisión federal de amnistía empezó a indemnizar a algunas víctimas.
El informe final publicado por el gobierno brasileño el 30 de diciembre de 2022, durante la última semana de gobierno de Bolsonaro, puso fin a la labor de la Comisión Especial de Muertes y Desapariciones Políticas (CEMDP). La CEMDP se creó para investigar las desapariciones de personas durante la dictadura, y se criticó duramente que se pusiera fin a sus actividades, ya que aún no había logrado aspectos importantes de su misión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la disolución de la comisión y pidió que la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura se integrase en «una política pública integral de desaparición, que sea realizada por entidades independientes e imparciales, de manera sistemática y rigurosa, con los recursos humanos y técnicos adecuados y asegurando la comunicación y la acción coordinada con los familiares de las víctimas».
