El Salvador

Este conflicto estalló tras una década de volatilidad política en la que los militares se enfrentaron a una población mayoritariamente agrícola y sin tierras. En marzo de 1980, el asesinato del arzobispo Óscar Romero a manos de un escuadrón de la muerte de derechas reflejó la brutalidad que se viviría en la década siguiente.

Según estimaciones extraoficiales, durante el conflicto de 1980-92 habrían desaparecido entre 8000 y 9000 personas. Un alto porcentaje de las víctimas eran niños y niñas y se cree que muchos fueron posteriormente adoptados de manera irregular por familias de El Salvador, Estados Unidos y Europa.

Cinco días después de que la Comisión de la Verdad, con el respaldo de la ONU, emitiera su informe (parte integrante del acuerdo de paz) sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos durante el conflicto se aprobó la Ley de amnistía de 1993. Esta ley permitió que los autores de desapariciones y otros crímenes y delitos salieran impunes.

Una generación después del final del conflicto, el número de víctimas mortales de la violencia de bandas supera los niveles de los años ochenta. La violencia actual se sustenta en la competencia entre narco-pandillas. En agosto de 2015, tras el fin de una controvertida tregua entre el gobierno y las pandillas bajo la presidencia de Mauricio Funes (2009-14), la Corte Suprema clasificó a dos de las pandillas más poderosas, MS-13 y Barrio 18, como organizaciones terroristas.

Durante esa tegua, la tasa oficial de homicidios descendió, pero los críticos sostienen que se debe a que las bandas sencillamente asesinaban de manera más discreta, enterrando a las víctimas en fosas clandestinas. La práctica de ocultar los cadáveres en lugares secretos se ha extendido como medida de precaución ante posibles enjuiciamientos.

En noviembre de 2015, El Salvador se convirtió en el sexto país en firmar el Acuerdo ICMP. Como Estado signatario, El Salvador puede aportar su propia experiencia en la búsqueda de una respuesta internacional al reto mundial de las personas desaparecidas.

Para abordar el problema de las personas desaparecidas, en El Salvador se han creado múltiples organizaciones, como la ONG Pro-Búsqueda, fundada en 1994 para buscar a niños y niñas desaparecidos como consecuencia del conflicto.

En 2012, ICMP firmó un acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, en Berkeley, y con Pro-Búsqueda para iniciar un proyecto financiado por el gobierno de Estados Unidos, con el fin de generar información de parentesco y perfiles de ADN a partir de muestras biológicas de referencia proporcionadas por El Salvador.