España
En 1977, inmediatamente después de las elecciones democráticas posteriores a la muerte del general Francisco Franco, el parlamento español promulgó la Ley de Amnistía, que levantaba las sanciones contra los opositores a la dictadura y, al mismo tiempo, protegía a los funcionarios del régimen de ser enjuiciados por violaciones de los derechos humanos.
El Pacto del olvido, uno de los pilares de la transición a la democracia, gozó de un amplio apoyo durante toda una generación. Sin embargo, se empezó a poner en tela de juicio cuando el gobierno socialista presentó la ley de Memoria Histórica en el parlamento, en 2007.
La ley de Memoria Histórica obligaba al gobierno central a facilitar el proceso de localización, exhumación e identificación de las víctimas de la represión franquista cuyos restos seguían en paradero desconocido, a menudo en fosas comunes. A nivel estatal, esto consistía principalmente en proporcionar recursos económicos a organizaciones como ONG locales e instituciones académicas para localizar y exhumar fosas comunes. La Ley también estipulaba que las autoridades tenían que elaborar y publicar un mapa con la ubicación de todas las fosas comunes. Algunas comunidades autónomas, como Andalucía y Cataluña, asumieron la responsabilidad de estos procesos.
En 2022, la ley de Memoria Histórica fue reemplazada por la ley de Memoria Democrática, que amplía las obligaciones del Estado en la investigación de los crímenes y atrocidades cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. La nueva ley consagra el derecho de los familiares a saber qué ocurrió durante la guerra y la dictadura. Además, estipula la obligación y el liderazgo del Estado en la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y prevé la creación de una base de datos nacional de ADN de las víctimas de la guerra y la dictadura. La ley también consagra el derecho a una investigación eficaz de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra y la dictadura.
La Ley de Memoria Histórica fue sustituida en 2022 por la Ley de Memoria Democrática, que amplía las obligaciones del Estado para abordar los crímenes y atrocidades cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. La nueva ley consagra el derecho de los familiares a saber qué pasó durante la guerra y la dictadura. Establece la obligación y el liderazgo del Estado para buscar e identificar a los desaparecidos, y prevé la creación de una base de datos nacional de ADN de las víctimas de la guerra y la dictadura. La Ley también consagra el derecho a una investigación efectiva por violaciones a los derechos humanos durante la guerra y la dictadura.
Aunque las investigaciones sobre casos de personas desaparecidas o desaparecidas siguen estando limitadas debido a la ley de amnistía de octubre de 1977, que sigue en vigor, la nueva Ley de Memoria Democrática se considera un importante paso adelante en el cumplimiento de las responsabilidades de España en materia de personas desaparecidas.
Instrumentos legales internacionales
España es Estado parte en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR por sus siglas en inglés) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT). Además, ha firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por último, se adhirió al Estatuto de Roma en el año 2000.
Marco constitucional
La Constitución española garantiza la protección de un amplio conjunto de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la igualdad ante la ley.
