Guatemala
Con 15 806 675 habitantes, Guatemala es el país más poblado de América Central. El país vivió una guerra civil entre 1960 y 1996. Durante este extenso conflicto, las fuerzas del régimen se enfrentaron a varios grupos rebeldes de izquierdas.
Según el informe de 1999, Guatemala: Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), bajo la égida de la ONU, se estima que hasta 200 000 personas murieron durante la guerra y más de 6000 desaparecieron.
Un informe publicado en 1998 por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) atribuyó casi el 90 % de las atrocidades y más de 400 masacres al ejército guatemalteco (y los paramilitares), y menos del 5 % ciento a las guerrillas (incluidas 16 masacres). Un informe más reciente de la Iglesia Católica, en el marco del Proyecto lnterdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), ajusta ligeramente estas cifras, atribuyendo algo menos del 80 % de los casos al ejército y algo menos del 10 % a las guerrillas.
La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por la ONU, declaró en su informe de 1999 que el Estado era responsable del 93 % de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra, y la guerrilla del 3 %. El informe concluyó que la violencia alcanzó su punto máximo en 1982, que el 83 % de las víctimas eran mayas y que ambos bandos utilizaron el terror como política deliberadamente.
La Ley de Reconciliación Nacional, que plantea la posibilidad de amnistía para los delitos y crímenes políticos cometidos por ambos bandos durante el conflicto, no ha generado una impunidad generalizada. Sin embargo, la falta de recursos del sistema judicial y el clima de intimidación permanente dificulta la labor de los tribunales para que las víctimas de la violencia política y los familiares de los desaparecidos obtengan justicia.
- En 2009, un tribunal de Guatemala declaró culpable a Felipe Cusanero, ex militar, de la desaparición de seis campesinos y lo condenó a 150 años de prisión. Este fue el primer enjuiciamiento exitoso contra alguien por desapariciones durante la guerra civil.
- En mayo de 2013, el ex general y presidente Efraín Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad durante su periodo de gobierno 1982-83, incluyendo el asesinato y la desaparición de más de 1400 indígenas mayas ixiles. Sin embargo, su condena fue anulada por el Constitucional menos de dos semanas después de la sentencia y se ordenó la celebración de un nuevo juicio. Ríos Montt falleció en 2018 antes de que se celebrara el nuevo juicio.
En 1990 y 1991, algunos grupos de supervivientes empezaron a denunciar la existencia de fosas clandestinas en sus comunidades; la mayoría contenían cadáveres de mayas masacrados durante la política de «tierra arrasada» adoptada por el gobierno a principios de los años ochenta. Los servicios forenses del poder judicial guatemalteco empezaron a investigar algunos de estos casos.
En 1991, los grupos de supervivientes se pusieron en contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y esto llevó a la creación del Equipo Guatemalteco de Antropología Forense, conocido en la actualidad como la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ese mismo año, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, creada en 1994 para investigar las violaciones de los derechos humanos como parte del proceso de paz, encargó a la Fundación que llevara a cabo cuatro investigaciones de campo para obtener pruebas físicas que respaldaran los testimonios de los supervivientes. Esas pruebas se incluyeron en el informe final de la Comisión.
La FAFG trabaja para que los familiares de las personas desaparecidas puedan recuperar los restos mortales de sus familiares y enterrarlos de acuerdo con sus creencias y para que se inicie el procesamiento penal de los autores. La FAFG también ha llevado a cabo exhumaciones en aproximadamente 1650 fosas, ha descubierto los restos de más de 7000 víctimas, ha ayudado a identificar a familiares desaparecidos y ha proporcionado testimonios cruciales en juicios celebrados en Guatemala y España.
Otro organismo que ha desempeñado un papel crucial en la búsqueda de las personas desaparecidas en Guatemala es el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), una ONG que se dedica a la exhumación de cadáveres y a la investigación antropológica forense con investigación jurídica y técnica. También gestiona un programa social, que incluye campañas de promoción de la salud mental y apoyo psicosocial. El CAFCA mantiene vínculos activos con la ODHAG y la FAFG.
En mayo de 2022, el magistrado Miguel Ángel Gálvez ordenó que nueve militares y policías ya jubilados fueran juzgados con cargos de detención ilegal, tortura, asesinato y desaparición forzada de más de 195 personas entre 1983 y 1985. En noviembre de 2022, Gálvez anunció su dimisión y abandonó Guatemala alegando persecución y hostigamiento.
