Túnez
Tras el levantamiento popular en Túnez que comenzó en diciembre de 2010 y que vio protestas contra la corrupción, la pobreza y la represión política, que culminaron con el derrocamiento del Presidente Zine al-Abidine Ben Ali en enero de 2011, Túnez atravesó una difícil transición política que resultó en la formación de un gobierno elegido democráticamente conforme a la nueva Constitución, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 26 de enero de 2014.
La Ley de Establecimiento y Organización de la Justicia Transicional de 2013 estableció un marco para abordar las violaciones de derechos humanos pasadas al establecer un mecanismo para establecer la verdad, responsabilizar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos y establecer reparaciones, restitución y garantías de no repetición. El artículo 4 de la Ley establece que en casos de muerte, desaparición o desaparición forzada, se deberá investigar la suerte y el paradero de los desaparecidos, además de procesar a los autores de los actos de desaparición. La Ley también estipula que el Estado debe tomar medidas de reparación suficientes y eficientes en beneficio de las víctimas de violaciones, y establece una Comisión de Verdad y Dignidad independiente para examinar, entre otras cosas, los casos de desaparición forzada.
Túnez es Estado parte en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otras Formas Crueles e Inhumanas. o Trato o Pena Degradante (CAT). Ha firmado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPED) y también la CADHP. Se convirtió en parte del Estatuto de Roma en 2011.
