México
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, gestionado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y que incluye datos de las fiscalías federales y estatales y de las comisiones de búsqueda locales, a finales de julio de 2023, se habían denunciado más de 110 000 casos de personas desaparecidas sin resolver desde 1964.
Teniendo en cuenta que las familias no denuncian todos los casos y la poca fiabilidad de las bases de datos estatales, es probable que la cifra real sea muy superior.
Los casos sin resolver incluyen a víctimas de la represión política entre los años sesenta y los ochenta, y de periodos específicos de violencia más acentuada desde la adopción de la Estrategia de Seguridad en 2006.
En algunas zonas del país, el periodo con más desapariciones fue entre 2009 y 2013, mientras que, en otras, la tasa de desapariciones se ha mantenido al mismo nivel. Muchas familias denuncian las desapariciones de manera inmediata; pero, otras lo hacen años después. Se cree que muchas no lo hacen nunca por motivos de seguridad o por falta de confianza o de información.
En el Registro Nacional, más del 87 % de los casos activos se consideran desapariciones forzadas o cometidas por particulares. Además, en el Registro se indica que en el 25 % de los casos, las víctimas son mujeres y más del 65 % de los casos de víctimas menores de 20 años también son mujeres, en su mayoría de entre 15 y 19 años. De los 32 estados de México, seis (México, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Ciudad de México) concentran el 51 % de los casos de niñas y mujeres desaparecidas.
En las 32 jurisdicciones de México hay casos de personas desaparecidas sin resolver. Sin embargo, sólo hay siete estados en los que constan menos de 500 personas desaparecidas y esto puede reflejar que muchos casos no se denuncian. Dada la gran movilidad que hay en el país, a menudo se trata de un residente de un estado que fue visto por última vez en otro estado. También desaparecen muchas personas en la ruta migratoria que va desde Centroamérica o el Caribe hasta Estados Unidos pasando por México.
En diciembre de 2021, la CNB informó de que, desde 2006, se habían localizado al menos 4839 fosas clandestinas, de las que se habían exhumado 8 278 cadáveres. Según el gobierno, de todos ellos se han identificado 1136 cuerpos y 1019 se han devuelto a sus familiares.
Según el Movimiento por Nuestros Familiares Desaparecidos en México, hay 52 000 restos humanos aún sin identificar en todo el país y esta cifra no incluye los fragmentos óseos recuperados de los lugares de ejecución.
El secuestro de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en el suroeste de México, en septiembre de 2014, hizo que la atención mundial se centrara en la crisis de las personas desaparecidas en México. El caso de los estudiantes secuestrados reveló la cultura de estrecha cooperación entre los políticos locales y las bandas de crimen organizado, según parece con la connivencia de la policía. Todo esto se percibe como un microcosmos.
En marzo de 2021, El Economista, un periódico de Ciudad de México, informó de un aumento en el número de mujeres y niñas desaparecidas en México. El periódico citaba las cifras publicadas por la CNB y señalaba que, entre 1964 y 2021, se ha denunciado la desaparición de casi 30 000 mujeres y niñas. Se estima que casi un tercio de estos casos se produjo entre principios de 2016 y finales de 2020 y la tendencia al alza continua desde entonces.
Tras una visita a México en noviembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en sus recomendaciones, instó a las autoridades a «fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio; facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; atender la crisis forense; facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección».
Algunos estados, como Nuevo León, han logrado avances en la resolución de estos casos, en gran medida como respuesta a la presión ejercida por las ONG locales de derechos humanos. La organización de la sociedad civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) reúne a los familiares de las personas desaparecidas para presionar a las autoridades de Nuevo León, incluida la fiscalía general, y que investiguen los casos de personas desaparecidas de manera transparente y efectiva.
Entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de julio de 2022, ICMP y CADHAC, con el apoyo de USAID, pusieron en marcha un proyecto en cooperación con la fiscalía general de Nuevo León (FGJNL). ICMP ayudó a Nuevo León a mejorar sus capacidades de identificación de ADN, gracias a la creación de un laboratorio de análisis de restos óseos y a la adopción de métodos de extracción de ADN optimizados; así como a mejorar la capacidad de recuperación y análisis de restos humanos, a través de procedimientos operativos estandarizados, formación en antropología forense y asistencia técnica directa en el procesamiento y análisis de los más de 19 000 restos humanos recuperados en el caso El Tubo; y a implementar una infraestructura de procesamiento de datos con un registro consolidado de personas desaparecidas y el lanzamiento de un Centro de Consulta en Línea para la FGJNL.
Además, durante 2021 y 2022, ICMP ha trabajado estrechamente con la Fiscalía General de la República (FGR), con financiamiento de USAID a través de su programa Promoviendo la Rendición de Cuentas por los Derechos Humanos (RED-DH). El proyecto concluyó con la adopción de dos nuevos métodos de extracción de ADN para restos óseos, con los que se obtienen más perfiles genéticos a pesar de que se trabaja con muestras óseas más pequeñas. El proyecto también incluyó la publicación de un Manual de métodos de extracción de ADN al que se puede acceder en los sitios web de la FGR e ICMP.
